INTERVENCIÓN
En
la intervención del Ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, el pasado 23 de marzo
en la plenaria de la Cámara de Representantes, quedaron pendientes temas
importantes sobre la realidad de los grupos narcoparamilitares, llamados BACRIM
(Bandas Criminales) por el gobierno.
¿Son simples narcotraficantes? ¿Están disminuyendo? ¿No forman parte del
conflicto interno armado y no se aplica con ellas el DIH? ¿Qué significa esa
jeringonza de que a las BACRIM les aplican un enfoque de derechos humanos con
las garantías del caso, pero a las FARC el DIH? ¿ Sus
víctimas no entran en la ley de reparación y restitución? ¿Los
desplazados por BACRIM no son desplazados y por ello no los registran?
El
Representante Iván Cepeda abordó algunos de estos puntos y varios parlamentarios
dieron argumentos que controvierten las tesis del Ministro. En primer lugar advirtieron que la
calificación de estos grupos no es un asunto semántico pues de ella se
desprenden las políticas. Y efectivamente en esto de las BACRIM han abundado
las definiciones: en los primeros informes del centro encargado del asunto en
la Policía Nacional se indicaron 7 características y una de ellas era NO SER
NARCOTRAFICANTE y ahora se dice que son NARCOTRAFICANTES PUROS, viles
negociantes. Así contaron 33 grupos en 2007 y luego, con el otro nombre
contaron 6 BACRIM. Es probable que el
Ministro no tenga a mano los documentos que muestran que una vez contaron
grupos herederos de los desmovilizados y después pasaron a otra tipología más
acorde con la idea de que las estructuras desmovilizadas de las AUC y BCB son
cosa del pasado, esas si narcoparamilitares o incluso paramilitares puros.
Lo
que ha quedado claro, con el debate y con decenas de testimonios, es que los
herederos de las viejas estructuras, se sumaron a los no desmovilizados y
aglutinaron a otros grupos funcionales a sus negocios y control de poderes
políticos e institucionales. Como han repetido observadores internacionales,
han continuado con el mismo patrón de comportamiento violento, en zonas
similares, produciendo desplazamiento forzado y asesinatos selectivos; ademas apropian violentamente tierras y bienes, amenazan a comunidades y lideres sociales; y como
siempre siguen en el tráfico de cocaína
y armas, apropiación ilegal y legal de recursos mineros. Para sus fines siguen
con la fórmula aprendida de buscar alianzas con agentes del Estado, autoridades
civiles y militares, ofreciendo sus servicios
de seguridad y contrainsurgencia. Esta
mezcla de atributos es lo que los caracteriza como narcoparamilitares. Varios parlamentarios prefirieron hablar de
paramilitares para subrayar que se mantienen en la medida en que desde el
Estado hay complicidad, tolerancia o connivencia que facilita su
existencia. Con esa caracterización algunos destacaron que, como en el Meta, han
contado con apoyos desde el gobierno y líneas de colaboración con unidades de
las fueras armadas.
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